¿Estamos ante simples cambios de lenguaje o frente a una disputa política por el significado de nuestra realidad, nuestra memoria y nuestros derechos?
En política, las palabras nunca son completamente inocentes. Nombrar un problema de una manera u otra puede determinar cómo lo entendemos, a quién consideramos responsable, qué soluciones aceptamos y, sobre todo, qué derechos reconocemos. Por eso, analizar el discurso de un gobierno implica examinar lo que dice, lo que omite y los significados que busca instalar en la conversación pública.
Desde la ciencia política, la manipulación discursiva se refiere al uso estratégico del lenguaje para orientar las interpretaciones, las emociones y los juicios de una audiencia en beneficio de determinados intereses. Está relacionada con el framing o encuadre político, mediante el cual se seleccionan aspectos de la realidad para darles relevancia y promover una interpretación particular de los acontecimientos.
Esto no significa que todo lenguaje político sea manipulación discursiva ni que cualquier modificación del lenguaje tenga intenciones ocultas. La cuestión es preguntarnos quién define los significados, qué intereses favorece cada discurso y qué consecuencias tiene para la sociedad.
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Cambiar las palabras también puede cambiar el significado político
En septiembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella generó controversia al promover el reemplazo de la palabra campesino en las comunicaciones oficiales por expresiones como «pequeños empresarios del campo» o «productores agropecuarios». El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionó el uso del término por considerarlo despectivo y defendió la necesidad de elevar el estatus de quienes producen alimentos. Link: El Gobierno de De la Espriella reemplaza la palabra ‘campesino’ por ‘empresario del campo’ | EL PAÍS América Colombia
A primera vista, podría argumentarse que se trata de una forma de dignificar el trabajo rural. Sin embargo, es necesario preguntarse qué se pierde cuando una identidad histórica se reemplaza por una categoría económica.
El campesinado no es únicamente un conjunto de personas que producen bienes agrícolas. También representa una identidad colectiva, una cultura, formas de organización, vínculos territoriales, conocimientos tradicionales y una historia de reivindicaciones sociales. En Colombia, además, cuenta con reconocimiento constitucional como sujeto de derechos y de especial protección.
Equiparar al campesino con un pequeño empresario puede parecer un cambio semántico menor, pero ambos conceptos no significan lo mismo. Mientras el primero remite a una identidad social, territorial e histórica, el segundo privilegia una perspectiva económica y productiva.
El problema no es reconocer la capacidad empresarial del campesinado, sino reducir su identidad a una categoría empresarial.
Una persona campesina puede ser empresaria, productora, trabajadora rural y defensora de su territorio al mismo tiempo. Estas dimensiones no son excluyentes. La pregunta es por qué una de ellas tendría que desplazar a las demás.
¿Quién decide cómo nombramos a la niñez?
Una discusión similar surge cuando se modifica el lenguaje utilizado para referirse a niños, niñas y adolescentes.
Ha circulado la referencia a una directriz de comunicación originada en una oficina regional del Huila que habría recomendado utilizar expresiones como «niñez» o «niños y adolescentes» en lugar de «niños, niñas y adolescentes».
Es importante verificar el documento original, su alcance institucional y la justificación presentada antes de atribuirle una intención política determinada. Sin embargo, el caso plantea una pregunta válida: ¿cuándo una simplificación del lenguaje constituye una decisión editorial y cuándo puede afectar la visibilidad de determinados grupos?
La expresión «niños, niñas y adolescentes» busca hacer explícita la presencia de niñas y niños, mientras que el término «niñez» también puede funcionar como una categoría colectiva e incluyente. Por tanto, no sería riguroso afirmar que su utilización es, por sí misma, una forma de exclusión o manipulación.
La discusión de fondo consiste en determinar si el cambio responde a criterios de claridad y coherencia o si forma parte de una política sistemática que invisibiliza determinadas reivindicaciones.
No se trata de defender cada palabra como si fuera inmodificable, sino de comprender qué razones justifican modificarla y qué efectos produce esa decisión.
La misoginia y la apropiación de las causas feministas
El debate adquiere otra dimensión con la reacción del Gobierno frente a los comentarios del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.
El 12 de octubre de 2026, la Presidencia y varios integrantes del Gobierno rechazaron públicamente los calificativos utilizados contra ella, al considerar que constituían ataques misóginos y sexistas. Link: “Basta de misoginia”: Gobierno rechazó ataques contra la primera dama, Ana Lucía Pineda | EL ESPECTADOR
Cuestionar la misoginia no debería depender de la ideología de quien la sufre. Ninguna mujer merece ser humillada por su apariencia física. La crítica política es legítima, pero la deshumanización no es una condición necesaria para ejercerla.
Sin embargo, el episodio también invita a preguntarnos con qué consistencia se defienden las causas de las mujeres.
Si un gobierno reivindica la dignidad femenina, corresponde examinar si ese compromiso se refleja en la prevención de las violencias basadas en género, la autonomía económica, la participación política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la eliminación de las desigualdades estructurales.
Las causas feministas no pertenecen exclusivamente a una corriente política. Precisamente por eso, su defensa debe evaluarse con criterios consistentes, no según la identidad de la persona afectada o la conveniencia del momento.
Una causa social demuestra su profundidad cuando se traduce en principios, políticas y prácticas sostenidas, incluso cuando defenderla resulta políticamente incómodo.
La disputa por la memoria institucional
En las transiciones políticas es habitual que una nueva administración reorganice entidades, modifique programas o establezca nuevas prioridades. Estas decisiones no constituyen, por sí solas, una irregularidad. Los gobiernos tienen la facultad de revisar la gestión anterior y proponer sus propias agendas.
Pero existe una diferencia entre transformar una política pública porque hay evidencia de que puede mejorar y modificar su identidad institucional sin explicar qué se conserva, qué cambia y qué resultados obtuvo.
Cuando un programa cambia de nombre, pero mantiene sus objetivos, componentes, beneficiarios o mecanismos de ejecución, la ciudadanía tiene derecho a conocer esa continuidad. De lo contrario, la comunicación institucional puede sustituir la evaluación de resultados y presentar como novedosa una iniciativa que ya existía.
Si una política funcionó, sus resultados deben reconocerse independientemente de quién la creó. Si fracasó, debe demostrarse con evidencia. Y si necesita transformarse, deben explicarse las razones.
La discusión debe sustentarse en indicadores, evaluaciones, cobertura, impacto y resultados verificables.
El Estado no puede convertirse en una institución que borra su propia memoria cada vez que cambia de gobierno.
El riesgo de una ciudadanía que reacciona, pero no contrasta
El mayor peligro de la manipulación discursiva no consiste necesariamente en que la sociedad termine creyendo una mentira evidente. Su efecto más complejo puede ser que las personas comiencen a interpretar la realidad exclusivamente a través de los marcos que les proporciona un actor político.
Cuando una narrativa se repite sistemáticamente, puede definir qué problemas merecen atención, qué grupos son considerados legítimos y qué políticas se presentan como fracasos o logros.
Las emociones forman parte de la política y no son necesariamente negativas. La indignación puede impulsar una denuncia, la esperanza puede movilizar a una comunidad y la solidaridad puede promover transformaciones sociales.
El problema aparece cuando la emoción sustituye al análisis, la lealtad política se vuelve más importante que la evidencia y una persona acepta o rechaza una afirmación únicamente porque proviene del sector con el que se identifica.
Defender la democracia también implica contrastar información, cuestionar las narrativas dominantes y exigir explicaciones a quienes ejercen el poder, incluso cuando sus discursos coinciden con nuestras propias convicciones.
No permitamos que la disputa por el lenguaje sustituya la defensa de los derechos
Las palabras importan porque contienen historia, identidad y reconocimiento. Pero los derechos no pueden depender exclusivamente de las palabras que un gobierno elija utilizar para describirlos.
Cambiar un término no elimina automáticamente un derecho, así como conservar una expresión histórica tampoco garantiza que ese derecho se respete en la práctica.
Por eso, debemos examinar si los cambios discursivos están acompañados de modificaciones normativas, presupuestales o institucionales; si afectan la participación de las poblaciones involucradas; y si alteran el acceso a los servicios o los mecanismos de protección existentes.
El campesinado no comenzó a existir cuando un gobierno decidió nombrarlo. Las mujeres no adquirieron dignidad cuando una institución condenó un ataque misógino. Y los derechos sociales no nacieron con la marca comunicativa de una administración: son el resultado de procesos históricos, debates públicos, decisiones jurídicas y luchas colectivas.
No se trata de idealizar a ningún gobierno anterior ni de asumir que toda política fue exitosa. Se trata de aplicar el mismo estándar a todos: evidencia para evaluar resultados, coherencia para examinar discursos y garantías institucionales para proteger derechos.
Reflexión final sobre la manipulación discursiva
La democracia exige algo más que elegir gobernantes. Exige conservar la capacidad de pensar por cuenta propia, cuestionar las narrativas oficiales y reconocer cuándo una discusión aparentemente terminológica puede tener implicaciones políticas profundas.
Debemos preguntarnos quién nombra, quién define, quién se beneficia, qué historia se omite y qué consecuencias tiene cada decisión. Revisemos las fuentes, comparemos los discursos con las políticas y distingamos entre una estrategia de comunicación y una transformación efectiva de los derechos.
Porque el problema no es que las palabras cambien. El problema es que dejemos de preguntarnos por qué cambian, quién impulsa esos cambios y qué ocurre con las personas que quedan representadas o invisibilizadas en el proceso.
Que no nos cambien los significados sin que examinemos sus consecuencias. Que no nos arrebaten la memoria de nuestras luchas. Y que ningún gobierno, independientemente de su orientación ideológica, consiga que confundamos una nueva narrativa con un nuevo derecho, una nueva marca con una nueva política o una consigna con una transformación real.
El pensamiento crítico no consiste en defender ciegamente un proyecto político. Consiste en cuestionar incluso a quienes consideramos cercanos, sin renunciar a los principios de igualdad, dignidad, justicia social y protección de los derechos humanos.
Porque cuando dejamos de cuestionar el poder, este comienza a decidir no solo cómo se gobierna, sino también cómo debemos interpretar aquello que vivimos.