Colombia en Jerusalén: una embajada que valida la ocupación y traiciona el derecho internacional

Nuestro país ha defendido históricamente el multilateralismo, el derecho internacional humanitario y la solución de dos Estados.
Por: Rosa Yolanda Villavicencio Mapy*
La decisión de Colombia de abrir su embajada en Israel y, más grave aún, ubicarla en Jerusalén constituye un error de política exterior con consecuencias jurídicas, diplomáticas y humanitarias. Lejos de contribuir a la paz, esta medida respalda una posición unilateral sobre el estatus de una ciudad cuyo futuro debe resolverse conforme al derecho internacional y mediante una solución negociada de dos Estados. Resulta vergonzoso que Colombia se aparte de una tradición diplomática históricamente comprometida con el multilateralismo y los principios de las Naciones Unidas.
Una decisión rechazada por la comunidad internacional
Jerusalén Este es considerado territorio palestino ocupado desde 1967 por las Naciones Unidas y la mayor parte de la comunidad internacional. Su anexión por Israel no ha sido reconocida internacionalmente. Por ello, la mayoría de los Estados mantiene sus embajadas en Tel Aviv, evitando reconocer unilateralmente la soberanía israelí sobre Jerusalén.
Las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobadas en 1980, rechazaron las medidas israelíes destinadas a modificar el estatus de la ciudad. En consecuencia, la apertura de una embajada en Jerusalén suscita serios cuestionamientos sobre el deber internacional de no reconocer situaciones territoriales derivadas de la ocupación.
Diecinueve países árabes e islámicos, entre ellos Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Catar, Jordania, Indonesia, Malasia y Pakistán, han pedido a Colombia reconsiderar la decisión. La Liga Árabe también la cuestionó por considerar que afecta el estatus jurídico e histórico de Jerusalén Este y el derecho del pueblo palestino a la libre determinación.
No se trata únicamente de una controversia diplomática: está en juego el respeto a las normas internacionales que impiden legitimar cambios territoriales unilaterales.
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Colombia pierde coherencia y credibilidad
Colombia ha defendido históricamente el multilateralismo, el derecho internacional humanitario y la solución de dos Estados. Ubicar su embajada en Jerusalén contradice esa tradición y debilita su credibilidad como interlocutor comprometido con la paz. Egipto convocó al encargado de negocios colombiano para expresar su protesta, mientras otros países manifestaron su rechazo.
Esta deriva se suma al reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. Mediante la Resolución 497 de 1981, el Consejo de Seguridad declaró nula y sin efecto jurídico la decisión israelí de imponer sus leyes y administración en ese territorio. Respaldar esa anexión contradice el principio de que ningún Estado puede adquirir territorio por la fuerza.

También preocupa la contradicción de abrir una embajada en Jerusalén sin garantizar, según la información disponible, una presencia consular equivalente para proteger a los colombianos en Cisjordania.
La Resolución 2334 de 2016 reafirmó que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este, carecen de validez jurídica y constituyen una violación del derecho internacional. Asimismo, exhortó a los Estados a distinguir, en sus relaciones, entre el territorio de Israel y los territorios ocupados desde 1967.
Preocupa igualmente la agenda desarrollada durante la visita del canciller Bula, aparentemente sin suficiente transparencia ni debate público, en un contexto de escasa disposición del Gobierno a responder ante el Congreso. Los posibles acuerdos sobre armamento, tecnología militar y ciberinteligencia exigen escrutinio democrático. La cooperación en seguridad no puede comprometer la soberanía nacional, la protección de los derechos humanos ni la autonomía política de Colombia.
Las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia
En 2017, tras el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución ES-10/19, con 128 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones. Reiteró que las decisiones destinadas a alterar el carácter, el estatus o la composición demográfica de Jerusalén carecen de validez y deben revocarse. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no tienen, por regla general, el mismo carácter vinculante que las del Consejo de Seguridad, expresan en este caso una posición política mayoritaria y relevante de la comunidad internacional.
Por otra parte, en su opinión consultiva de 2004 sobre el muro, la Corte Internacional de Justicia concluyó que su construcción en el territorio palestino ocupado, junto con el régimen asociado, contravenía el derecho internacional. También advirtió sobre el riesgo de consolidar hechos consumados que equivalieran a una anexión.
Colombia no puede defender el multilateralismo en sus discursos y desconocerlo en sus decisiones. Reconocer anexiones territoriales, trasladar su representación diplomática a Jerusalén e ignorar las advertencias internacionales la sitúa del lado de políticas que perpetúan la ocupación y vulneran los derechos del pueblo palestino.
Un país que aspira a ser una voz de paz debe recuperar su autonomía diplomática, respetar las resoluciones de las Naciones Unidas y actuar con coherencia, dignidad y compromiso con la justicia internacional.
*Excanciller de Colombia


