Gobernanza y poder popular: el reto de transformar la organización social en fuerza política

La gobernanza puede convertirse en una herramienta para transformar las reivindicaciones populares en políticas públicas, pero exige superar la dispersión organizativa, fortalecer la formación política y construir autonomía frente al Estado.
Por: Gonzalo Wohlmeyer Gómez
El pasado sábado 17 de octubre de 2026, en el Centro Gabriel García Márquez, se realizó el conversatorio “Gobernanza y gobernabilidad en La Candelaria”, moderado por la excanciller Yolanda Villavicencio, en el que diserté junto al politólogo Fabio Alejandro Mariño y el edil de la localidad Eduardo Tito Gómez, sobre la práctica y el aprovechamiento, por parte del movimiento popular colombiano, de los mecanismos de gobernabilidad y gobernanza para el desarrollo económico y social.
Sobre este conversatorio quiero compartir la siguiente reflexión:
Para amplios sectores de la sociedad colombiana pasa desapercibido el alcance jurídico de los derechos colectivos, particularmente el derecho a intervenir en el diseño de políticas públicas sectoriales, de acuerdo con el Estatuto de Participación. A ello se suma la falta de comprensión sobre el carácter excluyente del régimen burgués, sustentado en un principio fundamental: los derechos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para su materialización terminan siendo enunciados sin trascendencia, aunque estén consagrados en la Constitución.
Tomaremos dos experiencias del escenario de la lucha de clases en Colombia, fenómeno que ocurre de manera ininterrumpida en las sociedades contemporáneas. Una de ellas busca resolver determinados antagonismos, mientras que la otra procura mantener esas contradicciones dentro del orden institucional.
La primera experiencia fue el levantamiento popular del 28 de abril de 2021, en forma de paro, que buscaba detener el denominado «paquetazo» del Gobierno de Iván Duque, particularmente la reforma tributaria y otras medidas que afectaban las conquistas y reivindicaciones populares. La segunda corresponde a una experiencia concreta de gobernanza.
El paquete de reformas fue retirado, pero el movimiento popular cuestionó la representatividad de la dirección nacional del paro cuando esta ordenó unilateralmente suspender las movilizaciones tras el hundimiento de la reforma, sin que se hubieran resuelto las causas estructurales de las desigualdades sociales.

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Aunque la dirección nacional anunció la suspensión del paro el 15 de junio, las movilizaciones continuaron hasta el 20 de julio. Esta situación evidenció la falta de una dirección política popular articulada, mientras que parte de las reivindicaciones del movimiento fueron posteriormente incorporadas a la dinámica electoral de 2022.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, algunos sectores consideraron que la gobernanza y los pactos populares se convertirían en una de las principales herramientas de la acción gubernamental. Sin embargo, salvo algunas excepciones, esta iniciativa fue perdiendo protagonismo.
En enero de 2023 se presentó el denominado «Capítulo Campesino», con el propósito de incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo. Su contenido contribuyó a la formulación de más de veinte artículos de dicho plan y al proceso de modificación de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política.
Posteriormente, se avanzó en la institucionalización de esta dinámica de gobernanza mediante la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, como espacio de participación en el diseño y la implementación de políticas públicas relacionadas con la reforma agraria integral, democrática y popular.
Este proceso representa un avance importante en el ejercicio de la gobernanza. No obstante, otros sectores urbanos y rurales permanecieron al margen de la formulación de propuestas concretas que permitieran fortalecer la participación, la organización y la concientización política.
A esta experiencia se vincularon sectores académicos y diferentes actores rurales. Sin embargo, durante su desarrollo se evidenciaron dificultades relacionadas con el bajo nivel de organización efectiva y activa, así como con la ausencia de suficientes propuestas colectivas de producción.
Estas falencias organizativas y productivas reflejan algunas limitaciones del movimiento campesino, entre ellas el predominio de prácticas individualistas, el temor a asumir riesgos innovadores en el procesamiento de alimentos y materias primas agropecuarias, y la persistencia de factores que dificultan la modernización productiva.
A ello se suma una compleja estructura institucional que obstaculiza la asignación de recursos para los proyectos impulsados por las comunidades.
El ejercicio de la gobernanza exige que el movimiento sindical, social y político fortalezca sus conocimientos sobre administración pública y analice permanentemente las condiciones políticas y económicas para promover iniciativas propias de cada sector, procurando avanzar con el menor tutelaje estatal posible.
La gobernanza constituye uno de los factores fundamentales para la construcción de poder popular en sociedades que se encuentran en permanente transformación. Esta dinámica abre oportunidades, pero también plantea riesgos que deben ser identificados y gestionados para evitar fracasos organizativos, económicos o sociales.
Las organizaciones populares, sean sindicales, sociales o políticas, deben fortalecer sus estructuras mediante programas de formación participativa y democrática que les permitan establecer procesos permanentes de negociación con los gobiernos de turno.
En ese sentido, la articulación de los programas y las propuestas de los distintos sectores puede dar lugar a una agenda colectiva de negociación con el Estado, sustentada en la solidez de las ideas y su materialización en iniciativas concretas.
Cuando las instituciones no atienden los requerimientos de la sociedad organizada, la gobernanza también debe contemplar mecanismos de exigibilidad respaldados por la capacidad de movilización y la fuerza colectiva acumulada.
La formación de las comunidades se desarrolla en medio de las experiencias de lucha directa y organizada. Este proceso permite construir un conocimiento colectivo propio y consolidar una capacidad de pensamiento y acción autónoma, sin depender exclusivamente de liderazgos individuales o caudillismos.
El fortalecimiento de ese conocimiento constituye una herramienta para contrarrestar la hegemonía cultural del régimen, en el que las ideas dominantes corresponden a las clases dominantes.
Frente a esta realidad, las organizaciones populares deben construir y defender sus propias posiciones ideológicas, reconociendo la existencia de la lucha de clases y promoviendo la formación política de los sectores populares como instrumento para transformar las relaciones de poder existentes.


