Paro nacional del 19 de noviembre: ¡No a la reforma tributaria que golpea el bolsillo de los trabajadores!

¿Rescate económico para quién? Mientras el Gobierno propone reducir los impuestos a las empresas, aumenta las cargas sobre los trabajadores y pone en riesgo los servicios públicos.
Por: Rosa Yolanda Villavicencio Mapy*
Este jueves 19 de noviembre, Colombia vuelve a las calles. Organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y sectores de oposición han convocado una jornada nacional de movilización para rechazar el Proyecto de Ley 477 de 2026, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella bajo el nombre de Ley de Rescate Económico.
Considero que el nombre de esta iniciativa resulta engañoso. No estamos ante un rescate económico para las mayorías sociales, sino frente a una propuesta de ajuste fiscal que despierta legítimas preocupaciones por sus efectos sobre el bolsillo de los trabajadores, el costo de vida, el empleo y la garantía de los derechos sociales. Por eso, la movilización del 19 de noviembre es una oportunidad para expresar nuestro desacuerdo y exigir que la salida a la crisis fiscal no recaiga sobre quienes menos capacidad tienen para asumirla.
Una reforma tributaria en medio del déficit fiscal
Es necesario reconocer que Colombia enfrenta un problema fiscal. El gasto público creció después de la pandemia, los ingresos tributarios resultan insuficientes, el pago de intereses de la deuda representa una carga importante y existe una estructura de gasto difícil de modificar. El Ministerio de Hacienda proyecta para 2026 un déficit del 7,2 % del PIB, equivalente a cerca de 139 billones de pesos más de lo que recibe el Estado.
Pero reconocer la existencia de este problema no significa aceptar cualquier solución. La pregunta fundamental es quién debe pagar el costo del ajuste y qué modelo de sociedad se pretende construir con las decisiones económicas del Gobierno.
La propuesta combina recortes del gasto, nuevas fuentes de ingresos y medidas para atraer inversión. Sin embargo, sus disposiciones generan preocupación porque pueden trasladar una parte importante del esfuerzo fiscal a los asalariados, los trabajadores independientes y los hogares populares.
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IVA y canasta familiar
Uno de los motivos de rechazo es la propuesta original de aumentar del 5 % al 19 % el IVA de distintos bienes de consumo cotidiano. Se trata de una medida regresiva: un impuesto al consumo representa una proporción mucho mayor de los ingresos de una familia pobre que de los ingresos de una familia con mayor capacidad económica.
Aunque el Gobierno anunció que no aplicará IVA a los productos básicos de la canasta familiar, esa decisión no resuelve todas las preocupaciones. La discusión también tiene que ver con otros bienes y servicios de consumo cotidiano y con la efectividad de los mecanismos de devolución del impuesto.
El Gobierno sostiene que estas devoluciones compensarían a los hogares más pobres. Sin embargo, una compensación no elimina necesariamente el impacto de los mayores precios ni garantiza que todas las personas beneficiarias puedan acceder oportunamente a ella. No podemos construir una política tributaria suponiendo que quienes tienen menos recursos siempre podrán recuperar lo que pagan de más.
Mayores cargas sobre trabajadores
Otro aspecto especialmente preocupante es el aumento de los aportes a salud. El proyecto plantea elevar progresivamente las cotizaciones de los asalariados, del 4 % actual a porcentajes entre el 5,5 % y el 8 %, según sus ingresos. Para los trabajadores independientes, el incremento iría del 12,5 % al 15,5 %.
En la práctica, esto significa menos dinero disponible para las familias. En un contexto de presiones sobre el costo de vida, aumentar las contribuciones que salen directamente de los ingresos laborales puede afectar la capacidad de pagar arriendo, alimentación, transporte y educación.
Me preocupa que el Gobierno presente estas medidas como parte de una solución fiscal sin considerar suficientemente el esfuerzo que ya hacen quienes viven de su trabajo. La estabilidad económica no puede construirse debilitando el ingreso de los hogares.
Empleo público y servicios
La posibilidad de otorgar facultades al Ejecutivo para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas también merece un debate profundo. Las organizaciones convocantes advierten que estas atribuciones podrían traducirse en eliminación de empleos y reducción de capacidades institucionales.
Reducir el tamaño del Estado no es, por sí mismo, una garantía de eficiencia. Un Estado debilitado puede tener menos capacidad para prestar servicios, atender a las poblaciones vulnerables y responder a las necesidades de los territorios. La discusión no debería limitarse a cuánto se recorta, sino a qué funciones públicas se ponen en riesgo y quiénes terminan pagando las consecuencias.
Educación y salud pública
La movilización también expresa una preocupación por el futuro de la educación pública, laica y gratuita, así como por la financiación de la salud y otros derechos sociales.
Estudiantes, docentes y organizaciones sociales advierten que las políticas de austeridad pueden comprometer la inversión y las condiciones de funcionamiento de las instituciones públicas. A esto se suman las inquietudes frente a posibles procesos de privatización y al deterioro de la cobertura y calidad de los servicios.
Defender la educación y la salud públicas no es defender burocracias innecesarias. Es defender derechos y garantizar que el acceso a servicios esenciales no dependa exclusivamente de la capacidad de pago de cada persona.
El debate en juego
Hay un elemento de la reforma que considero especialmente revelador: mientras se plantean mayores cargas sobre los ingresos laborales y el consumo, el proyecto propone reducir gradualmente el impuesto de renta para las empresas, del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028.
Esta decisión obliga a preguntarnos cuál es la prioridad distributiva del Gobierno. ¿Por qué los trabajadores deben aportar más de sus ingresos mientras se reducen las obligaciones tributarias de las empresas?
El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para recuperar la estabilidad macroeconómica y atraer inversión. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el paquete tiene una base para estabilizar la deuda pública, pero también ha pedido proteger la inversión social y las medidas de fomento al empleo.
En consecuencia, el debate no consiste en negar la necesidad de ordenar las finanzas públicas. Consiste en discutir cómo hacerlo con justicia tributaria, progresividad y protección de los derechos sociales. El déficit no puede convertirse en una excusa para profundizar las desigualdades.
Un mensaje central
Por estas razones, respaldo las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre. La ciudadanía tiene derecho a expresar su desacuerdo, exigir explicaciones y participar en las decisiones que afectan su presente y su futuro.
La protesta no responde únicamente al IVA o al aumento de las cotizaciones de salud. También es una defensa del empleo digno, la educación pública, la salud, los servicios estatales y la participación democrática.
Colombia necesita una política fiscal responsable, pero también justa. No podemos llamar rescate económico a una reforma que puede terminar comprometiendo los ingresos de los trabajadores y la capacidad del Estado para garantizar derechos, mientras reduce la tributación empresarial.
El costo de la crisis fiscal no debe recaer sobre quienes viven de su trabajo. Este 19 de noviembre, movilizarnos es defender el bolsillo de las familias, los servicios públicos y una idea de país en la que la justicia social no sea la variable de ajuste.
*Excanciller de Colombia


