La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente la ejecución de los convenios que sustentan el nuevo modelo de expedición de pasaportes abre nuevamente un debate que Colombia no puede reducir a una controversia contractual: ¿queremos un Estado capaz de proteger soberanamente los datos de sus ciudadanos o uno dependiente de intereses privados para gestionar información estratégica?
Lo primero que debe quedar claro es que el nuevo modelo de pasaportes funciona. Desde su implementación se han formalizado más de 600.000 pasaportes, sin que se haya producido una interrupción del servicio. El modelo permitió fortalecer a la Imprenta Nacional de Colombia, avanzar en la transferencia de tecnología y construir capacidades estatales para que, progresivamente, el país tenga mayor autonomía en la producción de un documento que no es un favor de ningún gobierno: es un documento de identidad y un derecho de los ciudadanos.
Por eso resulta fundamental leer con rigor el auto del Tribunal. La medida cautelar decretada por la Sección Primera, Subsección B, tiene un carácter preventivo, temporal y reversible. El propio Tribunal fue explícito al señalar que la decisión no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad de los convenios, no implica una declaración sobre su validez o invalidez y no sustituye las competencias del juez natural de la controversia contractual.
Es decir, no existe en esta decisión una declaración judicial que determine que el modelo sea ilegal.
Lo que sí existe es una orden para que las entidades involucradas presenten información detallada sobre su implementación. La Cancillería, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal tienen 20 días hábiles desde la notificación para presentar un informe conjunto, completo y detallado sobre el estado real de ejecución del modelo, incluyendo las actividades desarrolladas, las fases implementadas, el cronograma, la cadena de producción, la participación de terceros, los mecanismos de trazabilidad y los protocolos de seguridad.
Ese informe debería ser una oportunidad para demostrar, con hechos, documentos y evidencia verificable, que el modelo está funcionando y que responde al interés general.
Sin embargo, me preocupa profundamente que el actual Gobierno no tenga verdadero interés en defender con rigor una política pública que fue concebida y puesta en marcha durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Existe el riesgo de que una obligación judicial de entregar información termine convirtiéndose en el pretexto para reversar un modelo que fortalece la capacidad del Estado y protege la soberanía de los datos de los colombianos.
Y aquí está el verdadero trasfondo.
La soberanía nacional también es soberanía digital.
Los datos de identificación de los ciudadanos son información estratégica. En un mundo en el que los datos se han convertido en activos de enorme valor económico, político y geopolítico, ningún Estado responsable puede renunciar alegremente al control sobre la información de sus ciudadanos, ni depender indefinidamente de plataformas y capacidades privadas para procesarla, almacenarla o administrarla.
El modelo impulsado por el Gobierno Petro buscaba precisamente avanzar en esa dirección: fortalecer una entidad pública como la Imprenta Nacional, transferir conocimiento y tecnología y construir capacidades estatales que permanezcan más allá de cualquier gobierno.
Los gobiernos pasan. Las instituciones quedan.
Y resulta paradójico que quienes hoy deberían garantizar la continuidad de ese proceso puedan terminar debilitándolo en nombre de intereses coyunturales. Si el Estado abandona nuevamente la capacidad adquirida y devuelve el negocio a operadores privados, habremos perdido mucho más que un contrato: habremos perdido autonomía.
Existe además otro elemento que los colombianos tienen derecho a conocer. El 27 de julio de 2026, la Sección Tercera, Subsección C, del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando como juez natural de la controversia contractual, había negado las medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría frente a los convenios. Entre sus consideraciones señaló que el juicio de ponderación de intereses no favorecía la medida ante el riesgo de afectar el servicio público de expedición de pasaportes y la ausencia de un perjuicio irremediable debidamente acreditado.
Este contraste entre decisiones judiciales debe ser informado por los medios de comunicación con absoluta rigurosidad. No se trata de ocultar una decisión judicial ni de desconocer las competencias de los jueces. Se trata de explicar que existen controversias jurídicas distintas y decisiones diferentes que deben ser conocidas por la ciudadanía antes de sacar conclusiones políticas.
El Gobierno actual debe responder a los requerimientos del Tribunal con celeridad, transparencia y rigor. No debería esperar siquiera los 20 días si ya dispone de la información necesaria. Y, sobre todo, debería defender el interés general y la continuidad de un modelo que ha demostrado resultados.
No sería responsable que, por intereses políticos o particulares, se provoque incertidumbre sobre un servicio esencial. Mucho menos que se utilice una medida cautelar preventiva como argumento para deshacer un proceso que ha permitido avanzar en la soberanía tecnológica y documental del Estado.
Colombia debe defender sus instituciones y sus capacidades. Debe defender la legalidad, la transparenciay el interés general. Debe comprender que la defensa de la soberanía nacional en el siglo XXI pasa necesariamente por la defensa de los datos de sus ciudadanos.
Los pasaportes no pueden convertirse nuevamente en el negocio de unos pocos.
Son un servicio público.
Y los datos de los colombianos no son una mercancía.
La soberanía también se imprime, se protege y se ejerce sobre nuestros datos.
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